El Ayuntamiento de San Roque invierte 404 euros en gastos sociales, por lo que se alza en tercer lugar de todas las poblaciones españolas mayores de 20.000 habitantes.
Así se desprende del estudio realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ha analizado el presupuesto liquidado hasta noviembre del año pasado, publicado por el Ministerio de Hacienda, en los más de 400 municipios con más de 20.000 habitantes.
En este estudio se concluye que 27 de ellos, entre los que se encuentra San Roque en tercer lugar, alcanzan la excelencia, debido a sus niveles de inversión.
La alcaldesa accidental, María del Mar Collado, mostró su satisfacción por este resultado y defendió las políticas sociales que desde hace años viene realizando el Ayuntamiento y que suponen uno de los cuatro ejes fundamentales del programa de gobierno del Ayuntamiento sanroqueño desde que es alcalde Juan Carlos Ruiz Boix.
La alcaldesa accidental, explico que San Roque seguirá trabajando para mejorar la vida de los sanroqueños y sanroqueña, con políticas para no dejar a nadie atrás. María del Mar Collado, indicó, que este tercer puesto a nivel nacional es el resultado del trabajo duro, constante y comprometido del Ayuntamiento de San Roque.
Isla Cristina (Huelva), lidera el ranking, ya que invirtió 434,13 euros por habitante en 2024, 12 veces más que los 35,89 de Galapagar (Comunidad de Madrid), a la cola de la lista. San Roque invirtió 404 euros, mientras que en segundo lugar se encuentra Alcalá la Real con 428 euros por habitante.
La concejal de Bienestar Social, Eva Gil señaló que es una gran responsabilidad y a la vez una satisfacción poder atender a las personas más desfavorecidas y vulnerables del municipio y resaltó la infinidad de políticas sociales que se ejecutan desde el Ayuntamiento.
Se trata de la undécima edición de este análisis del gasto social de los ayuntamientos, y las conclusiones dibujan un país muy desigual.
“Casi seis millones de personas van a servicios sociales de los ayuntamientos cada año”, explica José Manuel Ramírez, presidente de la asociación. Lo hacen cuando quieren información y orientación de los recursos sociales, cuando tienen un problema relacionado con la convivencia o la exclusión social. “Es decir, van a reclamar ayuda a domicilio, centros de día, servicios públicos… O va alguien porque no puede pagar la luz o comprarle ropa a sus hijos, o afrontar un gasto extraordinario y necesita una ayuda de emergencia social, o pedir un informe de vulnerabilidad”, expone Ramírez en El País.
