La Audiencia Nacional (AN) juzgará desde este lunes al abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de una causa en la que también se juzgará al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y a casi una cincuentena de personas.
Boye, en concreto, fue procesado por la magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, por su presunta participación en el operativo orquestado con el objetivo de recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Madrid Barajas en febrero de 2017.
Estos ‘correos humanos’, que llevaban el dinero oculto en una maleta para moverlo hacia Colombia, fueron interceptados y esto provocó, según el relato de la magistrada, que los ‘narcos’ contactaran con Boye y con otro abogado, Jesús Morán Castro, para que elaboraran unos documentos que justificaran el origen legal del dinero.
De este modo, Boye y otros dos abogados se sentarán en el banquillo por su presunta implicación en la elaboración de documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero aprehendido por la Policía. El fiscal solicita para Boye 9 años y 9 meses de prisión mas una multa de 2,7 millones por los delitos de blanqueo y falsificación de documento oficial.
Para Sito Miñanco, la Fiscalía Antidroga interesa 31 años y 6 meses de cárcel y 950 millones de multa por los delitos de tráfico de droga en el seno de organización criminal, blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial.
Todos los acusados están vinculados a la investigación desarrollada en el marco de la ‘operación Mito’, centrada en la red que presuntamente dirigía Sito Miñanco y que intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína en dos operativos diferentes que fueron truncados por los investigadores que le seguían la pista desde 2016.
Esa organización, según el escrito del fiscal, recogido por Europa Press, se dedicaba principalmente a la importación y distribución de sustancias estupefacientes (especialmente cocaína) y al blanqueo de capitales, y todo ello mientras el narcotraficante gallego se encontraba en tercer grado penitenciario fruto de una condena previa a 16 años y 10 meses de prisión.
Ese tercer grado le permitía trabajar en un párking de Algeciras, pero «su única y verdadera actividad profesional continuaba siendo la introducción de sustancia estupefaciente en España» dado que mantenía la confianza de las organizaciones suministradoras y contaba con la logística suficiente.
El fiscal explica en su escrito que Sito Miñanco «contaba con (…) una pléyade de individuos que acumulaban una notable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico, dispuestos a participar en estas iniciativas criminales, ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad» que les pidiera.
Por eso, el Ministerio Público asevera que en realidad Sito Miñanco «había hecho del narcotráfico su modus vivendi de manera continuada y estable» a pesar de las diversas condenas impuestas por delitos contra la salud pública. «Carecía de la más mínima voluntad de rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad», explica.
Y resalta que tal era la «naturaleza eminentemente personalista» de la red que «todas y cada una de las decisiones eran adoptadas o supervisadas» por Sito Miñanco –que usaba el alias de Mario– pese a las limitaciones que representaba su régimen penitenciario.
Para no llamar la atención de la Policía, explica el Ministerio Público, Sito Miñanco se apoyaba para los contactos y las operaciones tanto en Enrique García Arango, su lugarteniente, como en Juan Antonio Fernández Fernández, hombre de su máxima confianza. Por debajo de ellos, una quincena de personas contribuían a demanda para transporte de droga o dinero, preparar o pilotar embarcaciones, o incluso realizar labores de contravigilancia.
El fiscal apunta que para posibilitar la ocultación de los beneficios procedentes del narcotráfico, Prado Bugallo también había creado una estructura societaria «de la que él era el único titular efectivo pese a que, aparentemente, la propiedad correspondiera a terceros».
Además, se procuró la asistencia de ‘correos humanos’ «que participaban en la ocultación de los beneficios procedentes de su actividad criminal, que en última instancia se transportaban a Colombia».
